Se promulgó la ley del Congreso que limita el financiamiento estatal para las películas nacionales al 70% del presupuesto total. La norma fue impulsada por la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, y deroga el Decreto de Urgencia 022-2019, que no establecía un límite específico para el aporte estatal.
El Ministerio de Cultura señaló que el 30% restante deberá ser cubierto por los productores mediante financiamiento privado, coproducciones o patrocinios. Además, la ley reserva al menos el 40% de los recursos para proyectos provenientes de regiones, incluyendo producciones indígenas y originarias. La excepción a este límite aplica para las óperas primas de cineastas regionales, que podrán recibir hasta el 100% del financiamiento estatal.
La comunidad cinematográfica expresó inquietudes sobre la nueva regulación. Tito Catacora, cineasta regional, dijo: “Ahora, que se revierte esa situación, pensarán que un indio cineasta es un peligro para la nación […] Pensarán que como artistas de las regiones podemos levantar un proyecto cuestionando el statu quo y de repente no nos temblará la mano de expresarnos sobre la política, y creo que ahí radica el temor”, explicó.
Jenny Velapatiño, productora cinematográfica, explicó: “Los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura, aunque son de gran ayuda, no suelen cubrir la totalidad del presupuesto necesario. Estos fondos, más bien, funcionan como un incentivo para que los productores busquen financiamiento adicional. Sin embargo, si el porcentaje de financiamiento estatal se reduce al 70%, la búsqueda de inversores se volverá aún más compleja y prolongada, ya que las productoras deberán garantizar el 30% restante”, dijo.
El Ejecutivo observó la ley por considerarla técnicamente insustentable, pero el Congreso la aprobó por insistencia con 71 votos a favor. La norma también establece que PROMPERÚ actuará como comisión fílmica para promover locaciones nacionales y facilitar la producción audiovisual.
La ley prohíbe que se otorguen estímulos económicos a obras que atenten contra el Estado de derecho, la defensa nacional, el orden interno o que vulneren principios constitucionales. Este punto ha generado preocupación sobre posibles filtros políticos en la selección de proyectos.
El Ministerio de Cultura deberá reglamentar la ley para definir los criterios de acceso a los incentivos. Mientras tanto, la industria audiovisual peruana enfrenta un cambio importante en su modelo de financiamiento.
Fuentes: idehpucp, infobae, dafo.cultura.
